Hace un tiempo dijimos, desde esta misma columna, que Rosario era la punta del iceberg de un enorme problema que atraviesa el cuerpo social de la República Argentina: la inseguridad. Su ensanchada base se ha venido consolidando con múltiples condimentos, todos relacionados con la corrupción. Así es como el narcotráfico fue asentándose y las cadenas de complicidades, acrecentándose. Una extraña mezcla de necesidades fue engrosando el día a día. Mientras la política se volvía cara y cerraba los ojos tantas veces, para concretar proyectos personales, esta distorsión produjo un entramado con distintas violencias. El oportunismo de lo ilícito siempre dispuesto a dar una mano. Así fuimos sumergiéndonos como sociedad mientras emergía lo peor.
Si bien en las sucesivas campañas no faltaron las propuestas para evitar lo que ya era una realidad, fue necesario que la sangre llegara al río para priorizar lo que estaba en segundo plano. Sólo en Rosario, 1.061 muertos en los últimos cuatro años y una veintena en un mes produjeron dos marchas impactantes, en Rosario y en las ciudades más importantes de la provincia. La política llegó tarde. Santa fe, desde el 2011, tiene declarada la emergencia en seguridad, pero las urgencias políticas fueron otras. Las formas deben ser respetadas y mucho más por quienes representan a la ciudadanía con su investidura desde altos cargos. Lo cierto es que nación y provincia parecieron los Pimpinelas, no por su talento, sino por sus agudos pronunciados. Una vez más, la sangre derramada no fue respetada.
Finalmente, ayer se llegó a un acuerdo entre nación y provincia de monitoreo, articulación, cooperación, conformación de un comité operativo. Muchas palabras y pocas precisiones. La adustez de los rostros de la ministra Patricia Bullrich y del gobernador Miguel Lifschitz no manifestaban entusiasmo a la hora de la firma del convenio. La única coincidencia visible es que ambos lo firmaron con la zurda.
Este tema excede a la provincia de Santa Fe, su magnitud se ha expandido a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Hay que ir hasta el hueso, como dice la ministra Bullrich. Nadie debe enojarse si ha procedido bien. Para llegar al estado de situación que ostentan Rosario y Santa Fe, especialmente, en donde los ciudadanos tienen dos o tres veces más posibilidades de ser asesinados que en otras geografías, es porque las cosas no se han hecho bien. Los poderes deben actuar a ley, el saneamiento no sólo corresponde a la fuerza policial. Se debe investigar a quienes amparan, protegen y usufructúan de este vil negocio. No es tiempo para la política partidaria, es tiempo para garantizar la vida.
Estos desencuentros se repiten en el lomo de nuestra Argentina en otros rubros. Cuando el caos es muy grande, la desesperación saca patente de autoridad y se genera más confusión. La semana pasada, un grupo de notorios personajes firmó una solicitada pidiendo la destitución del juez Daniel Rafecas. El juicio político es arbitrio de los poderes del Estado. Ignoro si los firmantes habían leído el expediente disparador de tal pedido. Tampoco sé si el papa Francisco lo hizo, pero extraña coincidencia lo de la invitación al doctor Rafecas al Vaticano.
Hoy comienza un encuentro propiciado por el Gobierno argentino de real importancia, conocido como el Davos criollo. Una muestra de la búsqueda infatigable del presidente Mauricio Macri para atraer inversiones. Pero, y siempre hay un "pero", transcurre en momentos en que la Confederación General del Trabajo (CGT) unificada sólo espera que el Confederal del 23 autorice al Consejo Directivo a concretar la fecha del primer paro nacional. Mañana, el triunvirato escuchará a los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes probablemente manifiesten la íntima convicción que tiene el Episcopado, de la necesidad de declarar una emergencia social. La disminución inflacionaria de estos días le produce al Presidente un momentáneo alivio que desaparecerá de continuar la recesión.
El Presidente visitará al Papa en octubre, antes o después del primer paro nacional?