Decíamos la semana pasada tras conocerse la renuncia del Jefe de la policía de la prov. de Santa Fe, Hugo Tognoli (quien tras pedido de detención estuvo prófugo durante 48 hrs, para entregarse posteriormente), que los delitos traspasados por el narcotráfico meritúan drásticas definiciones dado que quien elige este camino, el del negocio de la droga, así como expone su vida no duda en arrasar con la de los demás. El gobierno del Dr. Bonfatti debería echar mano a todo los mecanismos que la ley le posibilita para llegar hasta las últimas consecuencias a la hora de esclarecer este hecho y dilucidar las sospechas que se generan a partir del mismo.
Lo sucedido con el jefe de policía de Santa Fe sumados los últimos acontecimientos violentos ocurridos en la ciudad de Rosario y en otros puntos clave de la geografía provincial (ajustes de cuenta mafiosos), cuatro palabras que tienen como objetivo final la muerte, por el manejo del negocio; trajo a mi memoria una charla que tuve con el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian el 13 de setiembre de 2008. Por entonces casos como el triple crimen de General Rodriguez, el caso Antonini Wilson y la creciente interconexión entre grupos mexicanos, colombianos y peruanos vinculados al negocio de la droga, empezaban a demostrar la presencia de zonas liberadas y el empoderamiento muy trasnacionalizado de grupos organizados que hacían pie en algunos sectores de nuestro país. Por aquel entonces las miradas se posaban en amplios espacios de la provincia de Buenos Aires, en el norte argentino. Por ese tiempo el ministro colombiano Cepeda Ulloa me dijo a manera de súplica “es necesario que los argentinos reaccionen, nosotros no lo hicimos a tiempo y lo estamos sufriendo”. Ante esta categórica advertencia le pedí una opinión a la jueza Laura Cosidoy, su respuesta me impactó “en Colombia mueren jueces, pero aquí se callan y no sé que es peor…no sé por qué digo no sé que es peor: porque entre morir hablando o vivir callando, creo que es fácil dilucidar lo que es peor, depende de la conciencia de cada uno. Lo que no se puede comprar, en Colombia se mata. Despertemos antes de llegar a eso… Estamos muy cerca de llegar a decir: me desperté en Colombia, San Pablo, o Río…”. Estos diálogos se dieron hace aproximadamente cinco años atrás. Por aquel año, 2007, Estados Unidos superó su propio record de producción de marihuana llegando a 10 mil toneladas métricas de alta calidad. Fue también por esos años que se producen alianzas estratégicas internacionales de grandes grupos mafiosos. Estados Unidos en mayo de 1971 proclamó el inicio de la guerra contra las drogas. En el 2007 ese país no sólo producía sino que altamente consumía.
Insisto, cinco años atrás con enorme claridad el Dr. Tokatlian decía “lo que debemos entender es que el negocio está trasnacionalizado y estas mafias en algunos casos tienen más poder que los Estados” y subrayaba que “estas mafias no solo constituyen un fenómeno criminal sino que se están constituyendo en una clase social con un poder inmenso”. Remataba diciendo “si no se ataca ese eslabón vamos a estar en el peor de los mundos que es estar en las manos de los señores de las drogas que van a imponer las condiciones totales de nuestra vida”.
Los especialistas mencionan que para llegar a lo que expresa el Dr. Tokatlian hay tres etapas. La primera denominada predatoria. En ella los actores del crimen organizado, especialmente el vinculado a las drogas aseguran el negocio, disputan el territorio, desplazan a la justicia o a la policía que los persiguen, consolidan una geografía del crimen. La segunda etapa es la llamada parasitaria, donde el crecimiento del crimen organizado es tal que influye y desplaza los ámbitos de la legalidad. Se “legaliza” con inversiones inmobiliarias, lavado de activos, adquisición de bienes legales. La última etapa, llamada simbiótica, es en la que el crimen organizado atraviesa la estructura legal, económica y política de un país. No sabiendo si cuando se realiza un negocio se lo hace con un señor honesto o con un mafioso, o si se elige un legislador honesto o un legislador narco.
Cada ciudadano puede analizar de acuerdo a su vivencia en qué etapa se encuentra nuestro país. Seguramente no habrá coincidencias dado que pareciese que este flagelo no se va expandiendo uniformemente. Las distintas fuerzas políticas incluida la del signo gobernante, debiesen reunirse en carácter de urgente para saber dónde estamos parados y cuál es el peligro real que nos acecha. La inflación es grave porque genera más pobreza. Tener chicos fuera del circuito escolar es grave porque son pasibles de caer en manos de estos mercenarios, La re-reelección puede ser preocupante, el apuro por permitir el voto a los jóvenes de 16 años puede ser motivo de especulaciones políticas, pero la vida de todos y cada uno de los ciudadanos argentinos es lo que está en riesgo sin distinción alguna si los políticos no acuerdan cómo combatir lo que ya está entre nosotros. Lo ocurrido esta semana en la provincia de Santa Fe a nivel de respuestas políticas, demuestra que no se está encontrando el mejor camino para enfrentar el tema. La reunión del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, con senadores y diputados del día jueves a puertas cerradas, muestra a una oposición facilitadora en vez de una oposición que exija aclarar un hecho y sus ramificaciones cuya gravedad así lo exige. La actitud del diputado nacional Agustín Rossi junto a los diputados justicialistas pone un rasgo de cordura política al pedir que no haya oscurantismo. Si son criticadas las conductas del kirchnerismo por el mismo tema, igual suerte le cabe a un socialismo que admite haber perdido el control de la policía. El diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez dice: “si no cambia el ministro del área no cambiarán la política… sin un cambio en la política no hay nada más que hablar”