Leyes que no llegan a la gente

PUNTOS DE ANÁLISIS
María Herminia Grande
Especial para El Ciudadano

Los inicios de 2007 no han podido modificar la realidad que sin lugar a dudas más le duele al gobierno nacional: Jorge Julio López sigue desaparecido, y su desaparición ocurrió durante la gestión de Néstor Kirchner. La sensación es que este hecho conmovió lo más íntimo del poder kirchnerista; y a partir de allí y ante la imposibilidad de explicarle a la sociedad qué pasó, el gobierno comenzó a producir hechos de distracción que lamentablemente no lo ayudan.
El caso Julio Gerez sólo puede ser calificado como patético y grotesco. Para contrarrestar un nuevo efecto negativo sobre el accionar del gobierno, se decide, bajo un brazo atento de la Justicia a las necesidades políticas, hacer entrar a los argentinos a los sopapos treinta años para atrás.
El desmanejo en el tema que comenzó con la “Triple A” derivándose hasta Juan Domingo Perón, ha llevado a que hasta el diputado Carlos Kunkel deba salir a separar supuestamente “la paja del trigo” (léase: “No lo vamos a tocar a Perón”). Esta jugada que, aunque no lo reconozca, de concretarse, le habría causado mucho placer a quien sueñe con ser el refundador de un peronismo sin Perón, llevó a que el diputado José María Díaz Bancalari deba decir: “No sé quién ha tenido la intención maligna de tratar de involucrar a Perón. Esta intención retorcida se va a llevar una sorpresa… Al peronismo lo han declarado muerto muchas veces y aquí está. El que esté en esta operación, le está haciendo el caldo gordo a los milicos”. Ante la lógica pregunta que quien escribe estas líneas le hiciese en forma inmediata y quién está en esto?, Díaz Bancalari respondió: “Y qué se yo”. Para luego reconocer que alguien del entorno presidencial podría tener estas intenciones, “pero no podrán… no se lo vamos a permitir”.
Indudablemente en pleno año electoral el desmadre de esta operación perjudica directamente al presidente Kirchner, dado que si de captación del electorado de centroizquierda se habla, el cupo –con las políticas sobre derechos humanos que el presidente viene realizando–, está cubierto. El problema es que esta jugada lleva a la fórmula oficialista de 2007 a perder votos dentro del peronismo.
No se debe analizar sólo como un acto de solidaridad para con la ex presidenta María Estela Martínez de Perón el ofrecimiento para oficiar como abogado defensor que le hiciese el ex presidente justicialista Eduardo Duhalde. Probablemente es la primera vez, durante el gobierno de Kirchner, que Duhalde en persona marca una diferencia política tan clara con su sucesor.
Ante esta realidad no favorable, el gobierno echa mano, en un nuevo intento por revertirla, a un proyecto de reforma previsional, el cual abre las puertas nuevamente, a quien así lo desee, para regresar al sistema de reparto. Sin lugar a dudas este tema es clave para un país, y mucho más para la Argentina que a pesar de que este gobierno ha aumentado en forma sucesiva el haber jubilatorio, tiene la mayoría de sus jubilados con haberes que los colocan en el sector de los indigentes.
Sobre esto lo que debe preocupar es que quien conduce el bloque oficialista en Diputados ha dicho que antes de que el Parlamento ingrese en el período ordinario –el 1º de marzo–, estará aprobado. Cuando de temas fundamentales para una Nación se trata, debiese el cuerpo legislativo darse el tiempo para el análisis, la discusión y la elección del mejor proyecto para la gente. De lo contrario podríase estar, una vez más, ante la presencia de leyes que sirven para anuncio en los diarios o en los discursos políticos, pero que luego no guardan relación con el beneficio que la gente espera de ellas. Existe una historia reciente, cual es la ley de acceso a la vivienda para inquilinos.
La realidad muestra que sólo han podido acceder a ella el 1% de los interesados. Sirve esta ley entonces? Modifica la realidad que necesitaba respuesta a la acuciante problemática de la falta de viviendas? Indudablemente no. Y antes de otras consideraciones sobre el tema previsional, es interesante recordar que la política del apuro lleva a errores y desaciertos que en definitiva no sirven a nadie. El año pasado ocurrió con las carnes. Todos los esfuerzos patoteriles del secretario Guillermo Moreno no sirvieron ni sirven. Hoy se ha obligado a los frigoríficos a volcar a los grandes supermercados dos mil toneladas de carne a precio bajo. Hay que recordar que el grueso de los argentinos no tiene un supermercado cerca? A las carnicerías los cortes baratos no han llegado.
La debilidad que evidencia el sector del agro a la hora de manifestar sus protestas no puede ser entendida como que los quinientos mil integrantes del sector estén conformes con el tratamiento oficial. Es lógico, pensar ante esta ineptitud sobre el tema, evidenciada en el manejo que el gobierno hace: “pobre del candidato a gobernador que represente al oficialismo en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, cuando deba explicar y defender la política de Kirchner.”
Volviendo al tema provisional, la verdadera crisis reside en dos grandes realidades. El alto grado de desprotección por falta de cobertura –más del 30% de los mayores de 65 años no perciben jubilación– y todo indica, de seguir así, que en pocos años más el 50% de quienes debiesen estar jubilados no lo estarán, dado que no reunirán los requisitos que establece la ley. El otro tema no menor, es que más del 70% de quienes están en edad de jubilarse se encuentran por debajo de la línea de pobreza sin jubilación o percibiendo el haber mínimo. Y un tema insoslayable es el achatamiento de la pirámide salarial. La Constitución Nacional habla de la garantía de que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable y que la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles”. Hoy, este debate previsional se debiera aprovechar para cumplir con el mandato constitucional e incluir al tercio de los mayores de edad que no pueden jubilarse por no contar con el mínimo de los requisitos exigidos por la ley.
Sería bueno que estos dos puntos señalados sean los ejes del debate que el Parlamento dé. Si como ambiciona el gobierno a través del diputado Agustín Rossi, el proyecto enviado se aprobará antes del 1º de marzo, difícilmente este tema, que requiere por sus implicancias, del análisis económico, jurídico, político y sociológico, servirá. Y la oposición?… Seguirá de veraneo?
Finalizando, no puede soslayarse que, en cuanto al diferendo por el tema de las pasteras con Uruguay, el nuevo fallo conocido del Tribunal Internacional de La Haya, declarándose incompetente ante los cortes de ruta, sea tal vez la manera de invitar a las partes, una vez más, a que encuentren, a través del diálogo bilateral, un acercamiento que posibilite a futuro la solución.