De qué manera pueden impartir justicia justa los jueces del poder que reaccionan ante sus propias necesidades, no ante la necesidad social de castigo al corrupto
Pasó una semana desde que el presidente Mauricio Macri realizase la presentación ante un importante auditorio de su propuesta sobre un "reformismo permanente". Esta fue de tal impacto ante los distintos sectores con responsabilidad institucional que las respuestas o los comentarios se hicieron esperar por más de 72 horas. Con la salvedad del sindicalismo, especialmente desde el sector que no estuvo invitado, que contestó con más prisa rechazándolo y solicitando ser integrados a las mesas de discusión de los proyectos laboral y previsional, en boca de la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso. El principal partido de la oposición, el justicialismo, parece haber implosionado, dado que aún hoy, a una semana, no se escuchó a su presidente, José Luis Gioja, emitir un sólo concepto al respecto. Es verdad que también Julio De Vido espera que el diputado se expida, en este caso, sobre su situación judicial.
Argentina se ha convertido en el país del minuto a minuto, no por ser un reality, sino por parecerlo. La sucesión y la magnitud de los temas que aparecen terminan anestesiando a los ciudadanos, cuando no desinteresándolos. Los medios de comunicación contribuyen cuando utilizan largas horas de distintos programas, especialmente televisivos, en su intento de reemplazar a aquellas tediosas cadenas presidenciales replicadas luego en las básicas mediáticas.
El Gobierno de Macri prometió ser previsible en lo económico. Parte de las reformas presentadas por el ministro Nicolás Dujovne van en sentido contrario. El economista Guillermo Nielsen lamenta, después de un blanqueo de capitales exitoso a nivel mundial, más de 100 mil millones: "Aplicar un impuesto a la renta financiera es cambiar las reglas de juego, dado que parte de ese blanqueo está en bonos argentinos. Me temo, de aplicarse, que se aborte el proyecto económico".
Sin lugar a dudas, los parlamentarios tendrán mucho trabajo, porque se encontrarán ante una disyuntiva, porque no siempre el mandato de su procedencia política va a coincidir con las necesidades de las provincias que representan, por ejemplo, a la hora de analizar la propuesta de reducción impositiva, concretamente, ingresos brutos. En provincias como Santa Fe, el ministro Saglione me decía: "Más de 7 de cada 10 pesos recaudados provienen de dicho impuesto". Los parlamentarios no sólo estarán tensionados por los requerimientos de sus gobiernos, sino por los representantes gremiales y empresariales que también harán lo suyo.
Sobre el tema previsional, el doctor Eugenio Semino sostiene que es imposible pensar en un sistema voluntario de aportes privados si no se debate a fondo el núcleo del problema previsional, que es su financiamiento, hoy absolutamente endeble. Me contaba el doctor Semino que tiene denunciado, desde Sergio Massa hasta ahora, a los distintos interventores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dado que utilizaron, y utilizan, el dinero de los jubilados para cualquier cosa. Se usó para programas diversos, para préstamos al Estado y empresas. Plata que el Estado nunca devolvió y, en el caso de las empresas, cuando lo hicieron, fue con una tasa de interés irrisoria. Si bien es cierto que un problema central está representado por los jubilados que no aportaron, también es cierto que la plata para los dos millones de jubilados que ingresaron al sistema por las moratorias del 2005 y 2015 salió de la Anses; el Estado no puso un peso.
La cruda realidad es que tres millones de jubilados cobran haberes mensuales de 7.200 pesos y su canasta básica con gastos de vivienda a abril del presente año era de 15.137 pesos. A esto se deben sumar 1.300.000 personas con pensiones por incapacidad que perciben 5.700 pesos mensuales.
La propuesta del gobierno nacional de reconocer trimestralmente la inflación no cambia la ecuación de inequidad entre lo que los pasivos necesitan y lo que reciben en sus bolsillos. En líneas generales se podrían decir dos cosas: el sistema previsional está financiado en un 50% por los aportes y un 50% por los impuestos. En el caso de los aportes patronales, el gobierno nacional plantea una reducción y promete hacerse cargo de la diferencia; muchos gobiernos prometieron lo mismo y nunca lo han cumplido. En el tema de los impuestos hay que analizar si el sistema seguirá siendo financiado por los más regresivos como el IVA y no por los provenientes de otras rentas. Lo segundo es que un estudio aún no concluido de la Defensoría de la Tercera Edad y de la Universidad ya ha arrojado algunas conclusiones, como por ejemplo: en la persona que recibe 7200 pesos de jubilación, el Estado (nacional, provincial y municipal) gasta 40 mil pesos en programas de asistencia que suelen no ser eficaces y que generan nichos de corrupción.
Capítulo especial merecen los presos del poder en manos de jueces del poder. Esta cronista se asume como purista y cree que todo procesado debe ingresar a la cárcel luego de ser condenado, salvo situaciones especiales previstas por la propia ley. Pero consulté a un especialista en la materia, el doctor Juan Carlos Vega, quien sostiene: "Los delitos del poder concitan en sí mismos la presunción de peligro. Dado que los poderosos tienen distintos recursos económicos y de los otros para evitar llegar a la cárcel. La disponibilidad de dichos recursos lleva a que las causas tengan un promedio de 14 años en la Justicia y terminen en la nada". Según el doctor Vega: "La víctima en las causas de corrupción es la sociedad que juega como el bobo de la historia y que espera que se castigue al corrupto, se le decomisen bienes y dineros mal habidos".
Esta cronista se pregunta de qué manera pueden impartir justicia justa los jueces del poder que reaccionan ante sus propias necesidades, no ante la necesidad social de castigo al corrupto. Los jueces mencionados gozan del 82% de la desconfianza social.
El gran desafío no es el de pan y circo, sino el de una república que tenga como columna vertebral a una Justicia ni apresurada ni retardataria, ni oportunista ni vengativa, sólo justa.