La realidad social que hoy presenta especialmente Rosario era impensada un par de años atrás. Barrios y villas se conformaron al compás de distintas tonadas. La arrasadora política de los ´90 produjo amontonamiento geográfico y el desguace laboral llevó a alquilar casillas a quienes alquilaban casas. El tren del norte trajo aborígenes y criollos buscando agua, luz, un dispensario, comida aunque sea de los tachos de basura. Allí el segundo problema. A la pobreza y las políticas inadecuadas que fueron el problema, se le sumó los códigos de la ciudad que no son los mismos del interior. Adolescentes se prostituyeron o se dejaron tentar por el dinero fácil. El Estado y sus gobiernos debieron fortalecer las economías regionales para no expulsarlos de sus lugares. La cultura del trabajo desapareció reemplazándose por la cultura del plan. Los ´90 fueron decisorios para la realidad de hoy. Argentina ya no es un lugar de paso de droga, sus cocinas la convierten en un país clave para el consumo y la comercialización. Para este presente enlutado, hubo un ayer de mala praxis política. Cuando la familia como institución primaria no enseñaba en valores, la escuela socorría tal falencia. Hoy, Mabel Ríos dice que las niñas que concurren a su escuela cambiaron su sueño de botineras por el de narqueras. Ante esta realidad es la sociedad con todas sus instituciones la que debe reaccionar ya. Si alguien acepta como trabajo prostituirse y/o ser “soldadito”, hubo abandono de persona de parte del Estado. Hay 800 mil argentinos excluidos invisibles, tienen 45 años y no pueden reinsertarse laboralmente. Existen 900 mil jóvenes engrosando los “ni-ni”. Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación propone desde la Red Par la creación de un Fondo Federal de Inclusión Joven de $ 7 mil millones. Lo promoverá juntando las firmas necesarias para elevarlo al Parlamento. Propone una red de 20 mil tutores (maestras, sacerdotes, pastores, técnicos club de barrio) para acompañar a los jóvenes. Segundo: derecho al primer empleo con incentivo fiscal a las empresas que los incorporen. Tercero: propiciar que el joven curse el último año del secundario y a la vez trabaje en fábricas o talleres. Cuarto, descentralizar recursos a municipios y organizaciones sociales promoviendo escuelas de oficios locales. Quinto, microcréditos con tasas subsidiadas para herramientas o máquinas. Sexto, crear una Unidad Especial (fuera del esquema actual de seguridad) para combatir la venta de droga. Séptimo, ir a un “empalme” proponiendo que quien tiene un plan social y consigue trabajo, mantenga las dos cosas, saliendo del plan en dos años. Al licenciado Arroyo también le pertenecen estas definiciones “a la política social hay que atenderla a lo guaso. A la gente le “quema” la cabeza el hacinamiento, el endeudamiento, la falta de trabajo, el mal transporte. Hay que ir al rescate de toda una generación. Al no haber movilidad económica hoy la venta de droga es una opción”.
Elsa Delpóntigo, referente social del Banco Popular de la Buena Fe en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, hace 5 años que comenzó con el sistema de microcréditos con un fondo inicial de $ 12.500, hoy asciende a 120 mil. Sostiene que “¡Se puede! Nuestro banquito es de economía solidaria. Mayoritariamente son mujeres las que lo piden. El porcentaje de recuperación o devolución del crédito oscila entre el 93 y el 95%”
El titular del Sedronar Rafael Bielsa, me dijo esta semana “no sabemos qué hacer para poder trabajar junto a Santa Fe. Hemos mantenido reuniones privadas que ahora niegan”. Al preguntarle qué se puede hacer dijo: “primero hacer un diagnóstico certero de la situación y trabajar en coordinación con las fuerzas de seguridad, los jueces y fiscales federales. Sin este primer paso no se puede hacer nada, tampoco si hay miedo, connivencia, y/o si se permite que la policía local se apropie de los procedimientos y luego venda protección e inmunidad, “intoxicando” la instrucción. Sabemos lo que hay que hacer, pero exige un esfuerzo conjunto sin la complicidad y encubrimiento de funcionarios que delinquen. Hay muchos policías que se avergüenzan de sus colegas delincuentes. La provincia de Santa Fe ha rechazado nuestra ayuda. Inclusive hizo sólo 3 intervenciones sobre 19 que le solicitamos en materia de estupefacientes como son los precursores químicos. El gobierno de Santa Fe debe remover a funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito. No podemos trabajar si se encubren delincuentes de uniformes”. Remata Bielsa, “todavía estamos a tiempo. Aún no existen un Escobar Gaviria o Fernández Orejuela. Si no entendemos esto, en dos años seremos San Pablo”.
El padre Edgardo Montaldo dice “debemos sumarnos todos y nos ser cómplices de la droga. Los funcionarios o están ausentes o son cómplices. No esperemos que haya más Mercedes Delgado para juntarnos”.
Gerardo Rico, del Movimiento Evita, sintetizó a mi juicio de forma categórica el problema, las consecuencias y lo que debe hacerse: “Cada error de la política es una muerte. Los narcos aparte de vender droga en los barrios hacen allí acción social. La lucha contra el narcotráfico debe ser una política de Estado”
PD: el intendente de Ceres Busquets, anunció que si el gobernador Bonfatti no los recibe los intendentes PJ cerrarán sus municipios e irán en movilización a Santa Fe. Denuncia que existen zonas liberadas en sus territorios y que deben pagarle adicionales a la policía.