Declaraciones del Dr. Roberto Bulit Goñi: Vice Presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA)***


(Convenio- sábado 16 de agosto- Radio del Plata Rosario- Sábados 10 a 12 hrs)


“Cuando se modifica la ley 25246 por la ley 26683 queda incluido la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico”

“Estamos por la ley 27 mil y pico y en ese compendio en que se está trabajando para reducir la legislación, eliminando las modificaciones de las modificaciones, la Argentina podría fácilmente quedar con 3800 leyes, casi el 10 % de las que tiene ahora. La ley anti lavado, que fue sancionada en el 2000 y que fue modificada en el 2010, en el camino tuvo 104 modificaciones. Sabe cuántas veces se aplicó esa ley en el mismo período, sólo 2 veces, y fue modificada 104 veces. No es un problema de la ley, sino un problema de ser serios”

“En la anterior legislación cuando se hablaba de terrorismo, además de “aterrorizar a la población” como una forma de condicionar la conducta de los poderes públicos nacionales o de organizaciones internacionales, se decía que en principio tenía como base una organización, una asociación ilícita, de más de una persona, que tuviera un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político, que tenía que estar organizada en redes internacionales, que dispusiera de armas de guerra, de explosivos o de armas químicas, o cualquier otro medio como para poner en peligro la vida o la integridad de las personas. Nos estaba ayudando a entender el concepto de terrorismo, que debía reprimirse, y también se reprimía a su financiación. Al haber eliminado este artículo el terrorismo queda definido como una frase general en donde se considerará terrorismo a todo aquello que aterrorice a la nación.”

“En el caso de la imprenta Donnelley hay toda una legislación que encuadra en esta situación, el código penal establece en su articulado todo lo que corresponda sancionar a los quebrados y otros deudores punibles. Está expresamente establecido que si en un concurso se comete algún delito, esa es una acción que está penada. Hay un problema de encuadramiento jurídico, vamos a la judicialización de la política”


“El proyecto de ley de abastecimiento se inserta en el marco internacional del tema deuda externa, pero intentar meter determinados fenómenos económicos dentro del marco de la legislación represiva penal es una tarea no fácil. El derecho penal es el derecho de última instancia, es cuando se han agotado todas las instancias de contención de determinados conductas en el ámbito de lo social”

“Todo esto viene de la mano del proyecto de quitarles responsabilidad civil a los funcionarios públicos. Si el estado se excede en su accionar y yo hombre común no puedo tener como responsable a quien claramente excedió sus funciones y claramente me perjudicó, es un estado absolutamente, ya ni siquiera bobo, es una estado peligroso, es un estado maligno”

"En esto de los fondos buitres, cuando hay un conflicto entre el deudor y el acreedor yo no recuerdo en mi vida profesional que haya un deudor tenido alguna buena imagen de su acreedor… nadie le puso un anillo nuclear a la Argentina y le dijo mire emita este tipo de bonos, den la jurisdicción de Estados Unidos, renuncien a la legislación nacional, etc., nadie hizo eso para que el país emita títulos de la deuda en esas condiciones. Al contrario, discutieron, tomaron parte sesudos economistas, hubo una clara decisión política del entonces presidente Kirchner, para darle viabilidad internacional y mercado a estos títulos y había que aceptar una jurisdicción internacional, la mayoría de la deuda pública externa, no sólo de Argentina sino del resto de los países, tiene fijada jurisdicción por sus conocimientos técnicos, como en el tribunal del Mar, el de los Derechos Humanos en Costa Rica, etc., que den una cierta garantía de imparcialidad a las partes"

MHG: ¿Qué opinión le merece el proyecto de ley de abastecimiento?
RBG: No lo conozco en profundidad. Ahora se va a dar un debate y entonces se van a conocer los antecedentes. No se puede decir que es un viejo proyecto porque no he seguido sus avatares legislativos, pero sí una vieja idea de la década del 60 donde se preveía una intervención política del estado en determinadas ramas de la producción, para lo cual se pensaban desde las normas regulatorias para la economía hasta la incorporación de leyes de fondo, como en este caso la represión penal ante conductas que pudieran tener alguna vinculación con el objetivo de alterar los distintos mercados. Yo desearía que todos los argentinos tratáramos estos temas con un poco más de detenimiento, con un poco más de naturaleza técnica, que no convirtamos las cosas que nos pasan en una cuestión absolutamente maniquea de buenos y malos. Esta idea de mandar al Congreso una nueva ley de abastecimiento con sanciones más graves, con mayores facultades de los órganos de regulación y control, se inserta en el marco de lo que hemos visto en los últimos días de la situación de Argentina con respecto al panorama de su deuda externa. No me parece que esté desconectado, sino que desde el punto de vista en que se plantean ambas situaciones parecerían tener un vínculo muy estrecho. No se debe olvidar que durante los últimos años se han dictado leyes como la ley de mercado de capitales, que en alguna medida implicaron una ampliación de los organismos de control, esto es en el marco en el cual se insertan estos elementos que luego se convierten en ley y que luego impactan o no, habrá que verlo, sobre la sociedad, y si lo hace en forma inmediata o mediata, si lo hace en forma fuerte o de menor dureza. Pero estas son las cuestiones que se debaten, no lo debemos olvidar, e intentar meter determinados fenómenos económicos dentro del marco de la legislación represiva penal es una tarea no fácil. Se sabe que el derecho penal es el derecho de última instancia, es cuando se han agotado todas las instancias de contención de determinados conductas en el ámbito de lo social, es como la neurocirugía en la medicina.

MHG: El Dr. Pignanelli nos decía que a su criterio es inconstitucional porque un funcionario no puede tener más poder que un juez.
RBG: Es así, nosotros tenemos una pirámide legislativa que nace con la constitución, con la leyes, las regulaciones y esa pirámide que hace al principio de legalidad substancial o material no se puede alterar. Pero acá las facultades que tiene la Unidad de Información Financiera de proceder a un congelamiento administrativo se hace sin intervención de ninguna autoridad judicial. La única obligación es comunicarle al juez que se han congelado los fondos, pero eso está pensado en término de ir en contra del accionar de un terrorismo que obviamente no es el que se está utilizando ahora. Eso debe ser pensado dentro de un marco que le da al concepto de terrorismo un encuadramiento legal muy distinto que el que tiene ahora, infelizmente, porque a partir de la 26734, se le ha quitado el contenido técnico a la figura penal del terrorismo, no se debe olvidar que en el artículo 213 ter –ya nos hemos convertidos todos en expertos legisladores con el uso de las palabras propias ter, bis, etc,- pero cuando se hablaba de terrorismo en la anterior ley 26228, tenía un concepto genérico, decía “se impondrá reclusión al que formare parte de una asociación ilícita que pudiera alcanzar mediante la ejecución de delitos terror en la población”, una forma de obligar a los gobiernos nacionales y también a las organizaciones internacionales a realizar un acto o dejar de hacerlo. Esto es más o menos parecido a lo que se colocó ahora en el artículo 41, está en la parte general del código, por tanto se aplica a todos los delitos que luego figuran en la parte especial. Ahora ya no hay más parte especial que trate el tema de terrorismo, sino esto que quedó en la parte general.
MHG: ¿La constitución del 94 está actualizada sobre terrorismo y lavado?
RBG: Sí, porque las constituciones son marcos generales. Y los convenios internacionales forman parte de nuestra legislación nacional en la medida que se cumplan todos los instrumentos de fiscalización, forman parte de nuestra legislación y con una gradación superior al de la ley, están casi al mismo nivel de la constitución. Pero lo que me preocupa es que en la anterior legislación cuando se hablaba de terrorismo, además de “aterrorizar a la población” como una forma de condicionar la conducta de los poderes públicos nacionales o de organizaciones internacionales, se decía que en principio tenía como base una organización, una asociación ilícita, de más de una persona, que tuviera un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político, que tenía que estar organizada en redes internacionales, que dispusiera de armas de guerra, de explosivos o de armas químicas, o cualquier otro medio como para poner en peligro la vida o la integridad de las personas. Nos estaba ayudando a entender el concepto de terrorismo, que debía reprimirse, y también se reprimía a su financiación. Al haber eliminado este artículo el terrorismo queda definido como una frase general en donde se considerará terrorismo a todo aquello que aterrorice a la nación.
MHG: Como una empresa que vaya a la quiebra como en el caso de Donnelly…
RBG: Por supuesto, olvidándose que hay toda una legislación, el código penal que establece en su articulado todo lo que corresponda sancionar a los quebrados y otros deudores punibles. Está expresamente establecido que si en un concurso se comete algún delito, esa es una acción que está penado. Y en este código no se puede saltar a dónde uno le guste, de una figura a la otra y decir que si la comisión de un delito en el marco de una quiebra de una empresa deberá ser juzgada porque en los artículos del código citado el legislador estableció se apliquen para una conducta de esa naturaleza. No se puede elegir por acá o por allá, acá hay un problema de encuadramiento jurídico, en la que parece ser en la denuncia que ha quedado radicada en el juzgado de Rafecas y que parece haber sido confirmada por Sbatella, presidente de la UIF, me parece que no está encuadrada adecuadamente desde el punto de vista técnico jurídico.
MHG: Parecen ser batallas iniciadas por el gobierno que sabe que se las van a frenar como la ley de abastecimiento, el juzgamiento de Campagnoli…
RBG: ES una forma de proceder en la vida y en la política. Es hagamos y después veamos. Esto lo han dicho algunos funcionarios en el congreso.
MHG: Es la judialización de la política.
RBG: Correcto. Pero hay responsabilidades en los funcionarios que parten de la base misma de la estructura del estado que dice que los funcionarios tienen que actuar en el marco de la ley, ellos deben encuadrar su accionar en el marco legal y no excederse del mismo para que después si algún juez diga si tiene o no la razón. Esto viene de la mano del proyecto de quitarles responsabilidad civil a los funcionarios públicos. Lo cual es desarticular la existencia del estado como un elemento de armonía democrática de la convivencia de las personas. Porque si el estado se excede en su accionar y yo hombre común no puedo tener como responsable a quien claramente excedió sus funciones y claramente me perjudicó, es un estado absolutamente, ya ni siquiera bobo, es una estado peligroso, es un estado maligno. Esto de los fondos buitres… cuando hay un conflicto entre el deudor y el acreedor yo no recuerdo en mi vida profesional que haya un deudor tenido alguna buena imagen de su acreedor. Lo primero que hace el deudor es enojarse y pelearse con el que le prestó la plata y esto no es bueno como dinámica, porque en tanto no haya habido una coacción para el endeudamiento y que en la mayoría de los casos no existe, nadie le puso un anillo nuclear a la Argentina y le dijo mire emita este tipo de bonos, den la jurisdicción de Estados Unidos, renuncien a la legislación nacional, etc., nadie hizo eso para que el país emita títulos de la deuda en esas condiciones. Al contrario, discutieron, tomaron parte sesudos economistas, hubo una clara decisión política del entonces presidente Kirchner, para darle viabilidad internacional y mercado a estos títulos y había que aceptar una jurisdicción internacional, porque es obvio, yo estoy en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y usted está en Rosario, si firmamos un contrato y tenemos que firmar una jurisdicción, usted querría los tribunales de Rosario y yo los de Buenos Aires. Y si no tuviéramos confianza podríamos haber elegido los tribunales ordinarios de Córdoba. Y ahí hubiéramos hecho las demandas y contrademandas, donde se ha firmado la jurisdicción. Si fuéramos los primeros en hacer este tipo de cosa, se puede decir que pudo haber habido cierta inocencia por parte de Argentina, la mayoría de la deuda pública externa, no sólo de Argentina sino del resto de los países, tiene fijada jurisdicción por sus conocimientos técnicos, como en el tribunal del Mar, el de los Derechos Humanos en Costa Rica, etc., que den una cierta garantía de imparcialidad a las partes.
MHG: Como pasó con La Haya con el tema de las pasteras…
RBG: Seguro. Y nos pasó también con la fragata Libertad, que tuvo resultado positivo, pero ese resultado se logró en el tribunal del Mar, que era donde había que plantear estas cuestiones, lo mismo pasa con el CIADI, los mismo pasa con el Club de París. En todos estos casos si uno no tiene una conducta adulta no va a ser visualizado como tal en la comunidad internacional.
MHG: El diputado provincial Maximiliano Pullaro, viene trabajando el tema de la extinción del dominio de los bienes incautados al narcotráfico. ¿Usted cree que estamos en el buen camino con esta cuestión?
RBG: Sí, pero eso ya fue incorporado, precisamente en el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, el decomiso sin condena, ya está previsto dentro de la ley 25246, donde en el caso de los bienes provenientes de determinados delitos existe el decomiso sin condena.
MHG: ¿Es lo mismo que plantea el Frente Renovador?
RBG: No he escuchado a ningún dirigente, pero eso ya está, es un concepto de la extinción de dominio que sancionó Colombia hace 15 ó 20 años, cuando tenía una lucha muy frontal contra los carteles de la droga, que también tenía México, a través de la ley del testaferrato, que también se practica en España. Esto está incluido en la ley 25246, en la ley anti lavado.
MHG: Pero los diputados nacionales lo desconocen…
RBG: Porque esto figura generalmente así, el decomiso, los bienes con los que se queda el estado que se han producido en la comisión de un delito, estaba contemplado en el Código Penal, como un elemento accesorio a la condena. Por lo tanto había que terminar todo el proceso para que los bienes pasaran a ser controlados por el estado, por eso se veían en las comisarías o juzgados los autos arrumbados porque el estado no tenía titulo perfecto para disponer de esos elementos. Cuando se sanciona la ley anti lavado en el año 2000 y comienza a transitarse y a mirarse con mayor atención el fenómeno económico delictivo o los efectos económicos de determinados delitos, se comienza a ver que los activos es una forma de atacarlos. Pero todavía se seguía pensando en la finalización del proceso para quedarse con los bienes. Cuando se modifica la ley 25246 por la 26683, se incorpora al texto de la ley anti lavado, lo que se llama el decomiso sin condena, como la vinculación con el narcotráfico, fuga de los imputados, imposibilidad de encontrarlos, el estado se queda con los bienes y en forma definitiva. Puede venderlos, usarlos el estado y el eventual poseedor de esos bienes sólo tiene una acción de daños y perjuicios en el caso que pueda demostrar que él no tenía nada que ver o que el bien no estaba afectado al delito. Yo les pido a todos que hablen con los colegas si alguno, honestamente, siente que no hay una ley que contemple cualquier posibilidad en el marco del desarrollo normal de la vida. Estamos por la ley 27 mil y pico y en ese compendio en que se está trabajando para reducir la legislación, eliminando las modificaciones de las modificaciones, la Argentina podría fácilmente quedar con 3800 leyes, casi el 10 % de las que tiene ahora. La ley anti lavado, que fue sancionada en el 2000 y que fue modificada en el 2010, en el camino tuvo 104 modificaciones. Sabe cuántas veces se aplicó esa ley en el mismo período, sólo 2 veces, y fue modificada 104 veces. No es un problema de la ley, sino un problema de ser serios, si nos movemos en el campo de una disciplina técnica como el derecho, hay normas básicas que sujetan a ciertos límites y ciertas conductas diseñadas para que el sistema funcione. Si nos vamos de la ley y la empezamos a ver como un complemento natural de mis deseos o de mis necesidades en materia política, le hacemos un flaco favor.
MHG: ¿Ha sido consultado por el sector político en general con lo que usted sabe al respecto? Siempre me han dicho otros expertos que muy poco, puede ser 9 a 1.
RBG: En primer lugar, porque hay una pequeña dosis de soberbia y sobre todo el ejercicio del poder lleva a eso, los que estamos fuera del poder no la tenemos o la tenemos en menor medida.


*** Miembro del Consejo Editorial de “Alerta de Lavado de Dinero”, Miami. Miembro Consultor del “Institute for Criminal Economic Penal Studies” (ICEPS), Washington.
Docente del Postgrado en Lavado de Dinero de la Pontificia Universidad del Salvador
. Docente en el Postgrado para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Universidad de Salamanca – FELABAN.
Docente de Postgrado en el Curso de Especialización en Prevención de Lavado de Dinero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.











16/08/2014